Marlaska tendrá que responder a 13 preguntas parlamentarias por el trato de favor con Juana Rivas

La polémica desatada por el indulto concedido por parte del Gobierno a Juana Rivas, la mujer condenada por la sustracción de sus dos hijos menores de edad, se ha visto acrecentada en las últimas horas tras haber salido a la luz el hecho de que a Rivas se le abrieron al menos tres partes por mala conducta en el centro penitenciario en el que cumplió parte de su condena. Ahora, un grupo de senadores ha registrado una pregunta en el Senado que deberá ser respondida en sede parlamentaria por el máximo responsable de Interior, el ministro Fernando Grande-Marlaska, ya que, de haberse tramitado los partes de Rivas, como ocurre con el resto de los presos, esta mujer no podría haber accedido al tercer grado penitenciario, que le permitía cumplir condena fuera de prisión y con medidas telemáticas.

Juana Rivas fue condenada a más de dos años de prisión por sustracción de menores. Permaneció en paradero desconocido durante varias semanas para evitar que sus hijos tuvieran contacto con su padre, a quien dejó en Italia, de donde Juana se marchó con los menores sin previo aviso y sin dar suerte de su paradero. La pena se redujo tras años de pleitos y recursos de cinco a poco más de dos años de prisión al ser Juana encontrada culpable, así que con una condena de las consideradas cortas y el ingreso de Juana en un Centro de Inserción Social para cumplirla en lugar de una cárcel, el pronóstico de su puesta en libertad era algo rápido y sencillo. Y así fue. Ni seis meses tardó Rivas en alcanzar la libertad. En junio de 2021 ingresó en el CIS Matilde Cantos de Granada y en diciembre Interior aprobó que siguiera cumpliendo condena desde casa con una pulsera telemática.

En medio de este proceso Rivas recibió otro apoyo gubernamental al ser indultada de manera parcial, lo que supuso una seria reducción de su condena, pese a que el Ejecutivo que le concedió la medida de gracia tenía sobre la mesa un informe contrario a ese perdón no judicial emitido por el Tribunal Supremo.

Los expedientes archivados

Sin embargo, hubo una serie de hechos en el CIS de Granada que no habían trascendido hasta el momento y que de haberse conocido hubieran puesto en riesgo todas las medidas adoptadas para conseguir la pronta puesta en libertad de Rivas. Los funcionarios del CIS en el que Juana cumplía condena le abrieron tres expedientes por mala conducta a la interna, algo habitual en el ámbito penitenciario. De hecho los expedientes de Rivas se debieron al uso indebido por dos veces de un teléfono móvil y a su ausencia en un recuento de internas, faltas leves en el ámbito penitenciario, pero que conllevan consecuencias importantes para todos los internos, la más grave la regresión de grado penitenciario, en el caso de Juana podría haber implicado incluso su ingreso en una cárcel, y, por supuesto, la imposibilidad de acceder a la situación de semilibertad de la que disfruta desde el mes pasado.

Pero el problema real de estos expedientes no es su existencia, sino su desaparición. Ninguna de las tres propuestas de sanción contra Rivas fue tramitadas, así que ninguno de los tres expedientes tuvo consecuencias para Juana. Y eso es precisamente lo que tres senadores del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria) le han preguntado por escrito al Gobierno.

En la consulta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se inquiere sobre el número y motivos de los partes impuestos a Rivas, si hubo o no propuesta de sanción y cuándo y quién dio la orden de archivarlos. Además, los senadores exigen que Interior explique qué peso tuvieron los citados partes a la hora de decidir las nuevas medidas de cumplimiento para Rivas y qué requisitos presentó ésta, como por ejemplo un contrato laboral, para acceder a la medida de semilibertad.

Los senadores además plantean otra duda de la que requieren explicaciones a Interior. Sobra justificar que el trato del caso de Juana Rivas desde el Ejecutivo ha tenido una gran dosis de propaganda llegando incluso a rebatir un fallo del Tribunal Supremo, por eso en esta pregunta se exigen explicaciones sobre un hecho puntual. En el centro en el que cumplió condena Juana trabajaba como subdirector un tal Máximo Martínez, quien aparece citado en la pregunta parlamentaria. Al parecer esta persona ha sido ascendido a subdirector general de Instituciones Penitenciarias. Los senadores que firman la pregunta parlamentaria califican ese ascenso como “meteórico” y no se andan con rodeos: “¿Este nombramiento guarda relación con la concesión de progresos en la clasificación de la Sra. Juana Rivas?”. Esa es la última de un total de 13 preguntas sobre los detalles del caso de los expedientes disciplinarios abiertos contra Rivas. Veremos cuándo y cómo llegan las respuestas.